Texas junto a otros seis estados demandan el gobierno estadounidense para forzar el fin de DACA

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POR Reynaldo Mena

Las faltas y delitos migratorios de acuerdo a algunas leyes estatales restrictivas de la inmigración como la de Arizona, no se tendrán en cuenta en este proceso.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda en Brownsville contra la
Administración de Trump para exigir el fin del programa Acción Diferida para Arribados
en la Infancia, conocido como DACA.
Junto a Texas se unieron los estados de Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina
del Sur y West Virginia.
DACA otorga permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes indocumentados
traídos a Estados Unidos cuando eran niños.
La demanda señala una creciente frustración de los republicanos con las luchas del
presidente Trump para avanzar en sus políticas de inmigración y podría llevar a decisiones
judiciales contradictorias que pondrían el destino de 690,000 inmigrantes conocidos como
“soñadores” en manos de una Corte Suprema dividida sobre este tema.
El argumento de Paxton pide que resuelva si la decisión del presidente Obama de otorgar
protecciones de deportación en 2012 y autorizaciones de trabajo de dos años para
inmigrantes indocumentados adolescentes -sin aprobación del Congreso- fue legal.
Varios estados habían desafiado este programa el año pasado, lo que orilló a Trump ha
anunciar que terminaría gradualmente con DACA, iniciando el 5 de marzo.
Partidarios de DACA lo defendieron en la corte y los jueces de California, Nueva York y el
Distrito de Columbia lo bloquearon temporalmente.
“Nuestra demanda esta basada sobre el estado de derecho, no sobre la sabiduría de ninguna
política de inmigración en particular”, dijo Paxton en un comunicado de prensa recogido
por medios nacionales. “Dejado intacto, DACA establece un precedente peligroso al darle
al poder ejecutivo la autoridad para ignorar las leyes promulgadas por el Congreso y
cambiar las leyes de inmigración de nuestro país para adaptarlas a las preferencias políticas
del presidente”.
No hubo una respuesta inmediata de las autoridades gubernamentales.
Esta demanda no afectaría los permisos existentes, sino solo pide que no se emitan más
permisos de trabajo y lo declare ilega

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