Un caos en las normas de inmigración

Por Arnoby Betancourt

La iniciativa SB4 fue presentada por el senador republicano Charles Perry el pasado mes de noviembre.

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Dallas, Texas. Parece que el gobierno del Presidente Trump ha incurrido en otro yerro legal, pues un Juez Federal en California dio este martes una orden judicial preliminar contra la ejecución del decreto del Presidente Trump que amenaza con retener fondos de las mal llamadas jurisdicciones santuario por negarse a hacer cumplir las leyes de inmigración.

El condado de Santa Clara y la ciudad de San Francisco demandaron diciendo que “es probable que enfrenten un daño irreparable inmediato sin una orden judicial” y argumentando que la acción del gobierno es inconstitucional. El juez estuvo de acuerdo, diciendo que los demandantes probablemente tendrán éxito en sus méritos cuando se discuta el caso.
En un fallo emitido el jueves, el juez William H. Orrick se puso de parte de Santa Clara, la ciudad de San Francisco y otras ciudades. El juez Orrick le impidió al gobierno imponer una porción clave de la Orden Ejecutiva de enero del Presidente Trump sobre inmigración, que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia bloquear a las ciudades que no cooperaran con la aplicación federal de inmigración de recibir fondos federales. El fallo no considero por ahora la inconstitucionalidad de la orden sino que se fundamentó en posibles daños a estas ciudades.
De esta situación se puede colegir que algo similar podría acontecerle a la tan mencionada SB04 que sancionaría el Gobernador de Texas Gregg Abbott. Hay que recordar que el gobernador tejano, además, se convirtió en el primer mandatario estatal en todo el país en implementar castigos como los que promete Trump contra las mal llamadas “ciudades santuarios”, al retirar 1.5 millones en fondos estatales a la sheriff de Travis County, la latina Sally Hernández.
La iniciativa SB4 fue presentada por el senador republicano Charles Perry el pasado mes de noviembre. Se trata de una medida que obligaría a las agencias estatales del orden a colaborar y cumplir con las medidas de detención de inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Para ello, la iniciativa propone permitir que los oficiales de policía pidan documentos a las personas detenidas por cualquier razón, autorizar la cooperación entre autoridades carcelarias y servicios de inmigración, prohibir que los gobiernos eviten que sus funcionarios investiguen a inmigrantes y aprobar el recorte de fondos estatales a universidades, departamentos de policía, municipios y condados en caso de no cumplir con las medidas establecidas.
Asimismo, la propuesta daría a los ciudadanos la facultad de denunciar a cualquier institución que no coopere con los servicios de inmigración. Legisladores demócratas reiteradamente han advertido que la iniciativa que busca eliminar las ciudades santuario aumenta la discriminación contra las personas de color y provoca temor entre la comunidad inmigrante.
La letra del proyecto de ley, patrocinado por el senador Charles Perry de Lubbock, Texas, promovería que los agentes de policía “decidan en forma individual y por sus sentimientos personales, si deben pedir papeles a una persona detenida por cualquier razón”, dijo Adriana Cárdenas, de la coalición de grupos comunitarios RITA, en Texas.
Lo de fondo seria, que los ciudadanos estadounidenses de Texas podrían quedar en un rango inferior respecto a los demás ciudadanos estadounidenses puesto que se les estarían restringiendo derechos civiles y libertades legales otorgadas a todos las personas que habitan el territorio estadounidense por las Enmiendas de la Suprema Ley; y que, igualmente se ignoraría lo escrito en el Artículo Sexto de la Constitución de los Estados Unidos cuando dice que los Estados no pueden legislar en contrario, ya que se tendrá por no escrito.
arnoby@elhispanonews.com

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