La ley no puede ensañarse contra el ser humano

Dallas, Texas. Hay una creciente tendencia de algunos estadounidenses a empoderarse para liberar sus sentimientos racistas en contra de aquellos que consideran un “bad hombre”, que ha llegado a robar sus trabajos o cometer atroces crímenes. Es una perversa campaña mediática de criminalización, que aprovechando la ignorancia popular en los tecnicismos jurídicos, conlleva a que el común de las gentes piensen que se están capturando y expulsando delincuentes de suma peligrosidad.

Lo critico es que esa actitud de crear sofismas de distracción mediante la implementaciones de acciones no contempladas por la ley como delito, ya que son calificadas en el ordenamiento legal estadounidense como contravenciones administrativas u otras como delitos menores, es que está siendo promovida por funcionarios de estado con alta jerarquía y don de mando.
Podría decirse que la juridicidad en los Estados Unidos está en alto riesgo. Si no fuera por las oportunas actuaciones de Jueces y Tribunales, la nación estadounidense estaría viviendo una hecatombe jurídica por la cantidad de órdenes ejecutivas y procedimientos emanadas desde el nuevo gobierno, directrices por cierto muy ajenas a lo que ordena el derecho y a los principios civilistas que fundamentan a los EE.UU.
Debe saberse que esa actitud imperial y déspota del ejercicio de la autoridad, ignorando la Constitución, el debido proceso y las garantías individuales de todo ser humano, no solo se está aplicando desde el gobierno federal. Lo del Estado de Texas con la oprobiosa Ley SB4 es un ejemplo de la expansión del ejercicio imperial del poder público.
Y ahora, los legisladores tejanos inspirados por el actuar cruel y soberbio del mandatario estatal, buscan excluir a los “dreamers” de programas de empleo. Los legisladores de Texas buscan negarles programas de ayuda laboral a los inmigrantes que cuentan con un permiso temporal de residencia y asisten a las universidades públicas, un acto que contrasta con la política promulgada hace 16 años en el estado, que colocó a Texas como el estado con mayor apertura a los estudiantes extranjeros.
De acuerdo con la propuesta, que está a punto de pasar por la legislatura estatal, solo los jóvenes que cumplan los requisitos para recibir ayuda financiera federal, serían elegibles para los programas de empleo estudiantil fuera del campus.
Ese grupo incluye a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y refugiados. No incluye a los estudiantes que ingresaron al país de manera ilegal durante la infancia y cuentan con una visa de trabajo que les permite quedarse más tiempo, ni a los inmigrantes a los que se les otorgó permiso de permanecer en el país debido a que eran víctimas de un delito.
No quedó esclarecido de inmediato cuántos estudiantes universitarios en Texas se verían afectados con la negación de servicios en caso de que se promulgue la medida.
El senador Charles Schwertner, quien propuso la enmienda, no respondió a solicitudes de comentario en el pleno del Senado estatal. Durante una audiencia realizada a principios de mes dijo que la medida serviría únicamente para “garantizar que los estudiantes que reciban empleo subsidiado por el estado, son legalmente elegibles para trabajar en Estados Unidos”. “Esta enmienda únicamente requiere que el estudiante califique para la ayuda financiera federal”, comentó. “Se debe contar con tarjeta de Seguro Social o ser ciudadano estadounidense”.
Pero los defensores de los derechos migrantes afirman que, a su parecer, esta es la primera propuesta para negarles programas de empleo estudiantil a los llamados “dreamers”, los extranjeros que están protegidos de ser deportados debido a que cuentan con una visa temporal.
“Nos sorprendió ver esta enmienda”, dijo Nicholas Espíritu, un abogado del Centro Nacional de Leyes Migratorias, con sede en Los Ángeles, quien dijo que la organización no tenía conocimiento de otra ley similar.
La abogada migratoria Jacqueline Watson, expresidenta de Texas para la Asociación Estadounidense de Abogados Migratorios, explicó que “históricamente, las reglas estatales de ayuda financiera han sido mucho más abiertas y con requerimientos más flexibles que la ayuda financiera federal”.

UN CASO EJEMPLARIZANTE DE RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS “DREAMERS”

En Georgia, el Juez de Distrito Federal, Mark Cohen, ordeno al gobierno federal restablecer la protección a Jessica Colotl, la cual había sido otorgada mediante el Programa de Suspensión de Deportaciones más conocido como DACA. Las autoridades de inmigración le habían cancelado el mes pasado dicho amparo.
Jessica Colotl, de 29 años de edad, es una aguerrida luchadora de origen mexicano.
Se convirtió en una figura pública en el debate nacional sobre la inmigración ilegal, ya que había sido detenida por una contravención de tránsito. Fue arrestada por las autoridades federales y estuvo privada de su libertad por 37 días en un Centro de Detención.
Para la Unión Estadounidense Para Las Libertades Civiles (ACLU), con sede en Nueva York, el Juez del Distrito Federal en Geogia, le pide al gobierno que reconsidere su decisión de revocarle el amparo migratorio del DACA a Jessica Colotl, y preciso, que es una decisión muy importante y favorable para los jóvenes “dreamers” y para el Estado de Derecho de los EE.UU.
El gobierno federal había determinado que la deportación de Jessica Colotl era prioritaria después de haberla despojado de su beneficio migratorio DACA, que ya había obtenido en dos oportunidades. El gobierno había incurrido en la arbitrariedad de quitarle el DACA bajo el argumento perverso de que ella tenía una condena por un delito grave, aunque después el mismo gobierno federal tuvo que admitir que Jessica Colotl no tenía tal antecedente criminal.
El caso de Jessica Colotl es una clara demostración del abusivo ejercicio del poder implementado con mentiras disfrazadas con mantos de veracidad sin ética ni moral alguna. “Estoy encantada con la decisión de la Corte y muy feliz de poder volver a trabajar legalmente y a retomar mi vida aquí en Georgia”, dijo la “dreamer” profundamente emocionada.

UN CASO HISTORICO POR SU ROSTRO HUMANO

La Corte Suprema de Iowa dejó sin efecto hoy cargos criminales presentados contra una “soñadora” mexicana madre de cuatro hijos, a la vez que cuestionó la aplicación de leyes estatales sobre empleo en beneficiados por leyes federales de inmigración.
El fallo de 61 páginas, resultado de un veredicto no unánime, sostiene que las autoridades estatales no pueden presentar cargos por uso de documentos falsos contra Marta Martínez, beneficiada en 2013 por el programa de la Acción Diferida por Llegados en la Infancia (DACA), porque es competencia de leyes federales regular el empleo de los indocumentados.
De acuerdo al documento judicial, en 2003, a los 17 años, Martínez usó el nombre ficticio “Diana Castañeda” para obtener una licencia de conducir y lo volvió a usar para renovar la licencia en 2008. Cinco años después empleó ese mismo nombre para trabajar en una empresa del Condado Muscatine.
En 2014, ya trabajando legalmente por estar beneficiada con el programa DACA, en vista de que la mujer fue llevada a Iowa desde México a los 11 años de edad, Martínez gestionó una nueva licencia de conducir, pero esa vez con su nombre verdadero, lo que evidenció la identidad en las tarjetas anteriores.
A Martínez se le formularon cargos en una corte por robo de identidad, uso de documentos falsos y robo de propiedad o servicios por arriba de 1.000 dólares, por los salarios recibidos antes de regularizar su situación.
No obstante, cuatro Jueces del Tribunal Supremo de Iowa votaron a favor de anular los cargos presentados, mientras que los otros tres jueces de esta instancia afirmaron que el hecho de que Martínez esté beneficiada con DACA no es impedimento para presentarle cargos por robo de identidad o por otros delitos.
Estos tres magistrados advirtieron además que el fallo beneficiaría solo a “inmigrantes no autorizados que trabajan usando un seudónimo para no pagar impuestos o para ocultar su historia criminal”, pero no a ciudadanos estadounidenses.
Por su parte, Rita Bettis, directora de asuntos legales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Iowa, calificó el dictamen judicial como “una significativa victoria para los derechos de los inmigrantes”.
“El fiscal del condado Muscatine usó el continuo empleo (de Martínez) como base para los cargos criminales, a pesar de que las leyes federales de inmigración claramente indican que los funcionarios estatales y locales no pueden regular de esa manera el empleo de extranjeros”, explicó Bettis.
La decisión judicial, añadió, significa que las autoridades locales no pueden crear “zonas sin DACA” por medio de “acusaciones de falsificación de documentos contra los beneficiados por DACA”.

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