Desaprueba Coparmex acuerdo cupular y presenta un plan alternativo al pacto del Gobierno de México

Por Luis de la Teja

El presidente de México sigue preocupado por la siuación energética que atraviesa su país.

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Luis Manuel DE LA TEJA

El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado por el mandatario ante la ola de protestas sociales, “es inaceptable porque culpa a los empresarios de los errores del Gobierno” al incrementar los precios de los combustibles y los impuestos, dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos al presentar el plan ante la prensa. 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó de “inaceptable” ” porque culpa a las compañías de los errores del Gobierno. El Acuerdo Cupular suscrito por el Gobierno entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) carece de metas por lo que presentó un plan alternativo al acuerdo del presidente Enrique Peña Nieto con cúpulas de empresarios y obreros.
El dirigente empresarial exigió al Gobierno federal frenar los “gasolinazos” (aumentos a las gasolinas, hasta el 20%) y modificar las cuotas del llamado Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, para reducir el impacto del alza de los precios. En el año 2016, ese impuesto especial a la gasolina —que también se impone a licores, cigarrillos y refrescos— recaudó casi el 30% más de lo esperado, es decir, 67.000 millones de pesos adicionales (3.100 millones de dólares) “que podrían ser utilizados en la reducción de los precios”, señaló el gremio empresarial rebelde. El plan le parece insuficiente al organismo patronal: “No descartamos ninguna de las medidas que están incluidas, pero se necesita mucho más”, dijo la Coparmex, que integra el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), firmante del pacto con Peña Nieto, el primero de su tipo desde el firmado en 1985 por el entonces presidente Miguel De la Madrid.
El primero de los siete puntos del plan alternativo patronal es eliminar los 37 programas sociales duplicados —ya identificados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, estatal)—, en los cuales el Gobierno gasta más de 200.000 millones de pesos (unos 9.500 millones de dólares), que tienen “alto riesgo de ser clientelares” para ganar apoyo político.
El segundo punto es establecer un mapa de ruta para crear un padrón único de beneficiarios de programas sociales en 2018, y “evitar que el clientelismo electoral duplique el número de beneficiarios”. La tercera medida es armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y establecer una “ventanilla única a más tardar en 2018”, para evitar duplicaciones impositivas.
La cuarta propuesta es aprobar la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales, “a fin de fortalecer la economía familiar”. En quinto lugar propone “generar un nuevo esquema de bonos de productividad, sin cargas fiscales”, que vaya de forma directa al salario de los trabajadores. La sexta iniciativa es que la Comisión Federal de Competencia Económica presente “un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas”. Finalmente propone, como séptima medida, “actualizar en 2017 las métricas de pobreza de Coneval, con datos comparables a 2014”, fijando metas anuales para erradicar la pobreza extrema.
editorteja@yahoo.com

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