Los escandalosos costos de las deportaciones

Por Arnoby Betancourt

El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia" (DACA por sus siglas en inglés) fue lanzado en 2012 como un recurso temporal para proteger de la deportación a algunos jóvenes inmigrantes mientras el gobierno continuaba presionando por una reforma migratoria en el Congreso.

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ARNOBY BETANCOURT
Director de la
Escuela Comunitaria de Derechos Humanos de Texas

El conflictivo tema de las deportaciones masivas sin el cumplimiento del debido procedimiento para personas que podrían estar amparadas con beneficios migratorios, tendría serias y graves implicaciones en diversos campos de la vida social estadounidense. Además de las demandas que ya transitan por las vías judiciales, poco se ha hablado del altísimo costo para el tesoro fiscal, y por ende, al contribuyente de los Estados Unidos.

El centro-derechista American Action Forum Además de las profundas consecuencias morales,de llevar a cabo la deportación masiva, dio a conocer un estudio en el que subraya las impactantes consecuencias económicas de la visión de las deportaciones masivas de Tremp:
“Poner en práctica la deportación masiva reduciría la producción real del sector privado de 2.9 a 4.7 por ciento o de $381.5 billones $623.2 billones. Las consecuencias negativas de expulsar a todos los trabajadores indocumentados del sector privado sería particularmente perjudicial para las industrias que empelan a esos trabajadores, como la agrícola, la construcción, el esparcimiento y la hotelería”. Además de las profundas consecuencias morales de llevar a cabo la deportación masiva.
Otro dato, según información oficial, dice que más de 10.000.00 dólares le cuesta a las autoridades federales cada inmigrante deportado. El abogado de inmigración Harold Caicedo anoto que, el costo de una deportación por persona incluye los gastos operacionales y logísticos para localizar, arrestar, detener, procesar, manutención, alimentación, salud y finalmente enviarlo a su país de origen.
El economista Iván Jiménez, en un reportaje a la cadena Univisión, dijo tajantemente: “Cuesta más detener a una persona en inmigración que lo que cuesta en darle educación, por ese día, a cinco personas en EE.UU.; es decir, aproximadamente $180.00 dólares diarios por cada inmigrante.
El economista Jiménez aseguro que “matemáticamente da más resultado mantener a un inmigrante en Estados Unidos que deportarlo. El país sencillamente gana porque esas personas son contribuyentes netos a la economía estadounidense. Son las personas de donde, histórica y estadísticamente, sale la tasa más alta de creación de nuevas empresas”.
De hecho, algunos de los gastos por el proceso de deportación de una persona, según datos oficiales, alcanzan los $4.800.00 dólares para la aprehensión; $1.475.00 por costos de la corte, y $490.00 por el vuelo chárter. Escandalosas las cifras si multiplicamos por los millones de inmigrantes que el Gobierno de Tremp pretende deportar, y preocupante, si cuantificamos lo que dejará de recibir Estados Unidos al perder el verdadero motor de la economía.
Si continua la dura postura del presidente Donald Tremp, y de su filosofo racista, Steve Bannon, contra la inmigración no autorizada ocasionando deportaciones a gran escala, entre quienes resulten mayormente afectados, podría estar la misma economía estadounidense.
Ese es el punto de vista de muchos economistas, que consideran que Estados Unidos no se puede dar el lujo de perder repentinamente una gran cantidad de trabajadores inmigrantes que recogen frutas y vegetales, construyen casas, limpian mesas de restaurantes, trabajan en plantas de empaque de carne y asean habitaciones de hoteles.
Los inmigrantes que radican en Estados Unidos sin autorización legal representan aproximadamente 18% de la mano de obra en la agricultura, 13% en construcción y 10% en restaurantes, hoteles y casinos, según un estudio realizado el año pasado por el Instituto Nacional de Investigación Económica.
“El impacto económico ocasionaría ramificaciones generalizadas”, alertó Ben Gitis, director de política de mercado laboral para el Foro de Acción Estadounidense, un instituto conservador
Los economistas señalan que los inmigrantes, incluidos los trabajadores sin permiso legal, tienen una participación vital en la economía del país, y no sólo porque ocupan muchos empleos de salario bajo que los estadounidenses no pueden o no quieren realizar. Estados Unidos, como Japón y el oeste de Europa, avanza económicamente con dificultad debido a una fuerza laboral que envejece y crece más lentamente. El crecimiento económico depende de un suministro constante de trabajadores.
Pero la generación de baby boomers se está jubilando; y una proporción inusualmente grande de hombres en edad productiva dejó de buscar empleo. Casi ocho años después de la Gran Recesión, la tasa de desempleo ha caído a 4,8%, cerca de lo que los economistas consideran el empleo pleno.
Conforme se pensionan los estadounidenses de mayor edad, los más jóvenes eligen cada vez más inscribirse en universidades en vez de empezar a trabajar inmediatamente después de egresar de la secundaria. Como resultado, los empleadores tienen más dificultades para cubrir empleos que con frecuencia son tomados por inmigrantes de estatus migratorio irregular.
Gitis revisó las cifras y llegó a una conclusión impactante: Supongamos, dijo, que Estados Unidos deporta o pierde de otra forma a los cerca de 6,8 millones de trabajadores sin autorización legal. Con empleo pleno, no habría suficientes estadounidenses o inmigrantes con permiso para ocupar todos esos puestos. Al menos cuatro millones quedarían vacantes.
No obstante, los críticos argumentan con frecuencia que los inmigrantes que reciben salarios bajos en Estados Unidos terminan debilitando el salario para todos los demás; y los economistas han debatido desde hace mucho tiempo esa posibilidad.
Un documento emitido el mes pasado por el Instituto Nacional de Investigación Económica estudió lo que ocurrió en 1964 cuando el gobierno frenó el suministro temporal de trabajadores agrícolas mexicanos que ingresaban a Estados Unidos. Se suponía que la medida de excluir a los mexicanos crearía empleos para los trabajadores agrícolas estadounidenses y elevaría sus salarios.
Pero los investigadores Ethan Lewis del Dartmouth College y Michael Clemens y Hannah Postel, del Centro para el Desarrollo Global, encontraron que la prohibición de entrada de trabajadores agrícolas mexicanos “fracasó en incrementar los salarios o en aumentar sustancialmente el empleo para trabajadores nacionales”. En lugar de contratar a estadounidenses, las granjas utilizaron maquinaria para recolectar algodón, tomates y remolacha azucarera.
El economista Ryan Edwards, del Mills College, indicó que los empleadores estadounidenses probablemente reducirían el tamaño de sus negocios, en lugar de buscar en vano trabajadores legales, si pierden empleados indocumentados debido a deportaciones masivas.
Los recortes podrían ocasionar un fuerte gravamen económico. Edwards y Francesc Ortega, de la City University of New York, calculan que los trabajadores indocumentados representan 3% del producto interno bruto privado —la medida más amplia de la producción económica— o casi cinco billones de dólares en 10 años.
Las deportaciones masivas podrían representar también otros costos. Gitis calcula que el gobierno tendría que gastar de 400.000 a 600.000 millones de dólares para deportar a todos los trabajadores indocumentados y evitar una futura inmigración no autorizada.
En un estudio de 2013, la Administración del Seguro Social encontró que los trabajadores sin permiso laboral legal habían pagado 13.000 millones de dólares al Seguro Social en 2010 y habían recibido 1.000 millones de dólares en prestaciones. La Administración llegó a la conclusión que los ingresos por los inmigrantes ilegales habían tenido “un efecto positivo neto” sobre las finanzas del Seguro Social.
Así que las deportaciones masivas significan que “no sólo estaríamos perdiendo trabajadores”, dijo Gitis, “Perderíamos consumidores, incluso contribuyentes”.
arnoby@elhispanonews.com

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