Y el otro hecho que sirve de ilustración de que las conductas criminales inobservando la Constitución y la Ley, no pueden servir para generalizar y estigmatizar a un grupo social determinado o a una institución, sucedió precisamente con Agentes Federales de ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, a quienes por orden judicial se les ordeno que ya no pueden entrar a hogares de inmigrantes “indocumentados” sin una orden judicial o el permiso explícito de los que habitan el inmueble. Además se les advirtió a los Agentes de ICE, que no podrán cometer abusos sin tener consecuencias disciplinarias.
En los hechos denunciados, las redadas, sin orden judicial, fueron realizadas por una docena de agentes de la ICE armados, quienes rodearon la vivienda en la madrugada, golpeaban la puerta y una vez abierta entraron sin el consentimiento de sus habitantes. Ante tal abuso de autoridad y violación a los debidos procedimientos, la Agencia fue informada de una demanda que sobrevendría ante una Corte de Nueva York, y antes que trascendiera la millonaria acción legal, ICE se allano a las pretensiones y celebraron un acuerdo con los querellantes.
El acuerdo en el ano 2013, fue logrado la víspera tras una demanda interpuesta por 22 personas de origen latino, víctimas de las redadas ilegales efectuadas por agentes de inmigración sin autorización judicial, quienes además recibirían un millón de dólares de la ICE por daños y perjuicios. Asimismo, ocho hombres y mujeres que fueron arrestados durante las redadas recibieron acción diferida o cierre de sus casos de inmigración, informó la Organización Latino Justice.
En su momento, Ghita Schwarz, abogada del Centro de Derechos Constitucionales, otro de los organismos que apoyaron a los querellantes, afirmó que el arreglo demuestra que “los agentes de ICE están sujetos a las mismas restricciones constitucionales que cualquier otro oficial de la ley”. Los representantes de los organismos civiles manifestaron que el arreglo es histórico debido a que impone cambios en las regulaciones y procedimientos que aplican a los agentes de la ICE en todo el país.
Los cambios establecen que los agentes deben obtener el permiso en el idioma nativo de los residentes, siempre que sea posible, por lo que en los equipos de redadas debe haber agentes hispanoparlantes. Los demandantes en este caso (Adriana Aguilar et al. v. ICE) son 22 neoyorquinos, incluyendo mujeres, hombres y niños, quienes en los años 2006 y 2007 despertaron en la madrugada por los gritos de agentes de ICE golpeando sus puertas y exigiendo entrar a su casa.
Adriana León Aguilar manifestó: “mi hijo, que tenía cuatro años, lloraba por el miedo a esos hombres tan grandes y armados en su casa a las cuatro de la mañana”, quienes ignoraron su reiterada petición de que le mostraran una orden de allanamiento o cualquier otra autorización para la redada.
arnoby@elhispanonews.com
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