Cinco preguntas y respuestas sobre las nuevas leyes de deportación

Por Reynaldo Mena

"Los 11 millones es bastante difícil, pero pueden intentar hacerlo de manera más agresiva y tratar de deportar el mayor número posible", prevé Martini.

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Durante el gobierno de Barack Obama, se daba prioridad a los indocumentados condenados por delitos graves o supusieran una amenaza para la seguridad nacional, ahora con Trump, se amplía el tipo de infracciones y delitos. Así, se verán afectados los inmigrantes que hubieran cometido cualquier tipo de delito, usado documentos falsos, supongan un riesgo para la seguridad pública o hayan abusado de subvenciones y ayudas gubernamentales.

Analistas señalan que eso podría hacer susceptible de deportación a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula hay en el país.

La tarea no es sencilla. Deportar a un inmigrante que está de forma ilegal en EE.UU. puede implicar un proceso judicial de meses e incluso localizar a quienes tienen orden de deportación puede ser complicado.

1. ¿Cuándo inicia el proceso?

Hasta ahora, para que un proceso de deportación inicie, la persona involucrada debió haber cometido una falta a una ley, desde una regla de tránsito hasta un crimen mayor.
Pero también puede ser que las autoridades comprueben que violó la ley de inmigración, como cuando su visa o tiempo de estancia expiró, o hay un operativo para detectar inmigrantes sin documentos.
La deportación es el resultado de una cadena de acciones: la policía local -que no es la que persigue inmigrantes indocumentados- detiene a una persona por una falta y puede pedir una identificación.
Eso lleva a cuestionar su estatus legal en el país, que a su vez puede derivar en la notificación a las autoridades migratorias para que se ocupen del caso.
El proceso de deportación formalmente inicia cuando una corte de inmigración recibe el caso. Si el juez encuentra una violación a la ley de inmigración, autoriza la deportación que ejecutan los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

2. ¿Ocurre la salida del país de forma automática?

No. Un inmigrante aun estando en falta con las leyes de inmigración no está cometiendo una falta criminal, sino civil, y tiene varias posibilidades para evitar la deportación.
Puede solicitar alguno de los nueve beneficios que ofrece la ley, como por ejemplo regularizar su estatus, diferir la deportación o solicitar asilo si no cometió algún delito grave.
“Si son detenidas, tienen derecho a ser presentadas frente a un juez y una corte de inmigración para que se dé una determinación final si se pueden quedar o tienen que ser deportados del país”, explica la abogada de migración Andrea Martini en conversación con BBC Mundo.
Hasta ahora, incluso una persona sin documentos detenida podía quedar en libertad bajo fianza si no tiene un historial criminal ni una orden de deportación final.
Lazos en la comunidad, familiares ciudadanos o residentes, un trabajo fijo, esos factores son considerados por las autoridades para ofrecer el beneficio de la fianza mientras siga el juicio, explica Martini.
Sin embargo, en las nuevas directivas el DHS establece el fin de la política de “capturar y liberar” que hasta ahora permitía soltar a quienes eran detenidos por estar en el país sin documentos legales a la espera de ser procesados por un juez de inmigración.
A partir de ahora, el DHS quiere que quienes sean arrestados sean enviados a un centro de detención a la espera de la resolución de su caso.
La aplicación de esta nueva directiva dependerá, por lo pronto, de la disponibilidad de suficientes lugares de reclusión y de recursos económicos para mantener a las personas detenidas mientras dura el proceso.

3. ¿Cuándo sí salen del país?

Los inmigrantes que estaban en libertad y pierden su juicio deben dejar el país, para lo cual está la opción de la salida voluntaria: el inmigrante se presenta, literalmente con su equipaje en mano, ante las autoridades y gestiona su salida.
La salida voluntaria tiene el beneficio de que la persona no recibe una prohibición de retorno al país.
Por el contrario, quienes estaban detenidos al tener antecedentes negativos con la justicia serán enviados de regreso a sus países de origen, pero no por ello el proceso es rápido.
Hay indocumentados que pueden pasar meses, en casos excepcionales años, en un centro de detención a la espera de que su juicio de inmigración y apelaciones concluyan y se dé su salida del país.
Hay casos de inmigrantes que viajan de un centro de detención a otro a lo largo de EE.UU. hasta llegar a uno en el que se concentran otros de su país y son reenviados en conjunto.
Sin embargo, las nuevas directrices amplían el margen para la ejecución de las llamadas deportaciones expeditas, que permiten a los agentes del ICE y a la guardia fronteriza deportar a los inmigrantes de forma más rápida y sin necesidad de presentarlos ante un juez de inmigración.
Hasta ahora sólo se sometía a expulsiones expeditas a personas que hubieran entrado a Estados Unidos en los últimos 14 días y que se encuentren en un área de 160 kilómetros de distancia de la frontera.
A partir de ahora, podrán afectar a quienes hayan ingresado en el país en los últimos dos años, independientemente de en cuál lugar de Estados Unidos se encuentren.

4. ¿Hay redadas contra indocumentados?

Las leyes de inmigración son federales, por eso los encargados de hacerlas cumplir son los agentes del ICE o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, conocidos coloquialmente como “la migra”.
Sí existen operativos o redadas para la localización de indocumentados, pero regularmente se dan en áreas rurales, en la frontera sur y raramente en las llamadas “ciudades santuario”, según la organización de protección a migrantes Puente, con sede en Arizona.
Trump exigió a los gobiernos de esas ciudades (Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Houston, Seattle, Phoenix, Nueva York, entre otras) que colaboren con las agencias federales, o retiraría apoyos económicos.
Los centros de detención solo pueden retener a personas que cometieron alguna falta a la ley por 48 horas, y debido a que las autoridades migratorias tardan varios días para atender un caso, las prisiones muchas veces optan por no mantenerlos bajo su custodia.
A pesar de que haya redadas en la vía pública, los abogados de inmigración advierten que ningún elemento del ICE u otra agencia puede ingresar a una propiedad privadasin una orden judicial.
“Tienen el derecho de decir su nombre y solicitar un abogado. No están obligados a testificar en su propia contra, entonces no tienen que decir nada más”, explica Martini.

5. ¿Trump deportará a 11 millones?

Ningún otro presidente de EE.UU. deportó a tantos inmigrantes como lo hizo Barack Obama entre 2009 y 2017, unas 2,5 millones de personas, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.
Como candidato, Donald Trump prometió expulsar del país a 11 millones de personas, una cifra equivalente al número de indocumentados que se calcula hay en EE.UU.
Ya como presidente, matizó su meta y dijo que removerá “hasta 3 millones” que tengan “antecedentes criminales, miembros de pandillas o traficantes de drogas”.
“Los vamos a sacar del país o quizá los vamos a encarcelar”, dijo.
El Migration Policy Institute (MPI), un centro de análisis sobre migración, indica que hay unos 820.000 inmigrantes indocumentados con condenas criminales, lo que incluye delitos menores, y un millón que podrían ser deportados por sus antecedentes.
“Creemos que el grupo es un poco menor de lo que está diciendo, pero no hay dudas de que tendrá la capacidad de deportar a dos millones de personas en sus primeros cuatro años”, dijo Randy Capps, del MPI, a BBC Mundo en noviembre.
“Es extremadamente difícil que puedan ejecutar ese plan en su totalidad. Dedicar todos los recursos a ese proyecto, y con el número limitado de agentes de ICE que existe es bastante difícil”, considera Martini.
Sin embargo, con miras a la aplicación de las nuevas directrices, el DHS anunció el martes su intención de contratar unos 10.000 funcionarios adicionales para tareas de control migratorio.
Anteriormente, la jefa de los Juzgados de Inmigración, MaryBeth Keller, emitió un memorando en el que indicó que los juzgados de inmigración tendrán como prioridad “programar audiencias rápidas” para los detenidos, según un reporte de la agencia AP.
Aún sin llegar a su meta, en los próximos años el panorama para los indocumentados podría endurecerse.
“Los 11 millones es bastante difícil, pero pueden intentar hacerlo de manera más agresiva y tratar de deportar el mayor número posible”, prevé Martini.
(TOMADO DE BBC MUNDO)

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