AGENCIAS
El gobierno de Donald Trump difundió este martes una serie de nuevas directrices con miras a ampliar el número de inmigrantes ilegales que puede deportar y acelerar su salida del país.
Se dará prioridad a la deportación de los inmigrantes indocumentados que tengan antecedentes criminales, así como aquellos que sean considerados como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos o que hayan abusado de su sistema de beneficios.
Todos los extranjeros indocumentados presentes en el país, estimados en 11 millones, pueden ser afectados por la nueva normativa que, sin embargo, mantiene las medidas de protección aprobadas durante el gobierno de Barack Obama para los inmigrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños.
“Con excepciones extremadamente limitadas, no eximiremos a clases o categorías de extranjeros susceptibles de expulsión de la posible aplicación (de la norma)”, dijo el departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
“Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sometidos a procedimientos que pueden llevar hasta su expulsión de Estados Unidos”, agregó.
Contrataciones
Según escribió el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en la normativa: “El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias federales y sus recursos y ha creado una vulnerabilidad de seguridad nacional significativa para Estados Unidos”.
Para cumplir con estas tareas adicionales, el DHS prevé contratar unos 10.000 funcionarios adicionales.
Las nuevas directrices están incluidas en dos memorandos que fueron divulgados este martes.
En ellos se propone a las autoridades enjuiciar a los padres de ayudan a que sus hijos entren ilegalmente en Estados Unidos.
La normativa pone fin a la política de “capturar y liberar” que hasta ahora permitía dejar en libertad a quienes eran atrapados entrando ilegalmente al país a la espera de ser procesados por un juez de inmigración. A partir de ahora, quienes sean detenidos serán enviados a un centro de detención a la espera de la resolución de su caso.
También permite el inicio de la expansión del muro fronterizo con México prometido por Trump durante su campaña electoral.
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