Los acuerdos firmados con los 18 condados de Texas comienzan con un chequeo del estatus migratorio de las personas que están privadas de la libertad, y como ha sucedido desde 1.996 cuando comenzó la vigencia de la 287(g), permitirá a los oficiales de policía que patrullan las calles cotejar el estatus migratorio de las personas, sobre todo si son hispanas, pues esa directriz ya no es un secreto.
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