Guía sobre los procesos penales en los Estados Unidos (Solo es información, no es asesoría legal)

Por Arnoby Betancourt

Los estados procesan la mayoría de los delitos contra las personas, como asesinatos y agresiones, y muchos en contra de la propiedad, como robos y asaltos. De hecho, los estados procesan un número mucho mayor de delitos que el gobierno federal.

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En los Estados Unidos, tanto el gobierno federal como los estados están facultados para procesar delitos penales. El gobierno federal y cada uno de los estados cuentan con sus propios estatutos penales, sistemas de tribunales, fiscales y agencias policiales. Que un delito particular sea procesado por el estado o por el gobierno federal depende de factores demasiado numerosos y complejos para abordarse en este documento breve.

Como consecuencia tanto de la legislación como de la práctica, los delitos que con mayor frecuencia son procesados por el gobierno federal incluyen los relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado y los delitos financieros, fraudes a gran escala y aquellos delitos en que existe un interés federal especial, por ejemplo, los cometidos contra funcionarios federales y los fraudes en contra de los Estados Unidos. Asimismo, existen ciertos delitos que solamente el gobierno federal puede procesar. Entre ellos se incluyen los relacionados con aduanas, con impuestos federales y los de espionaje y traición.
Los estados procesan la mayoría de los delitos contra las personas, como asesinatos y agresiones, y muchos en contra de la propiedad, como robos y asaltos. De hecho, los estados procesan un número mucho mayor de delitos que el gobierno federal.
Aunque los estados tienen amplias facultades para procesar muchos tipos de delitos, pueden investigar y procesar solamente los cometidos dentro de sus demarcaciones. Sin embargo, las atribuciones del gobierno federal se extienden a todo el país. Por lo tanto, el gobierno federal a menudo está en mejor posición para investigar y procesar actividades delictivas complejas y de gran escala.
La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de Delitos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se encarga de todas las extradiciones internacionales, además de la asistencia jurídica internacional, tanto para fiscales estatales como federales. Como tal, supervisa el trámite de las solicitudes de extradición y pruebas de los gobiernos extranjeros en los tribunales estadounidenses.
Aunque existen diferencias en los procesos penales entre los distintos estados y entre éstos y el gobierno federal, ciertos principios medulares del derecho penal y la práctica en los Estados Unidos se aplican por igual a todas las investigaciones y procesos estatales y federales.
En primer lugar, en todo el país la investigación y el proceso de un delito son responsabilidad del poder ejecutivo. Los fiscales, investigadores y policías son miembros del poder ejecutivo y no del judicial. En los Estados Unidos no existe el concepto de juez investigador, como los hay en los sistemas civiles.
Por lo tanto, el papel de los jueces en la investigación de los delitos es limitado. Sin embargo, ciertas acciones durante una investigación sólo pueden llevarse a cabo con la autorización de un juez. Solamente un juez puede dictar una orden de cateo e incautación de pruebas de delitos; solamente un juez puede ordenar la grabación de conversaciones telefónicas; solamente un juez puede tomar medidas para obligar a cumplir una orden de comparecencia (una orden de que un testigo rinda testimonio o presente documentos u otras pruebas que obren en su poder, bajo pena de privación de la libertad si se niega a hacerlo); y, excepto en circunstancias limitadas, solamente un juez puede dictar orden de arresto contra una persona acusada.
Siempre que un fiscal (o, en algunos casos, un policía) determina que se requiere este tipo de acción judicial en una investigación, presenta una solicitud formal ante el tribunal y plantea hechos o pruebas legalmente suficientes para apoyar la acción solicitada.
Un juez dicta la orden solicitada solamente si determina que existen bases de hecho suficientes para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de una solicitud de orden de cateo, el tribunal debe determinar que las pruebas presentadas son suficientes para establecer causa probable para creer que se ha cometido un delito y que pueden encontrarse pruebas de dicho delito en un sitio específico que será cateado.
En segundo lugar, la Constitución de los Estados Unidos exige ciertos requisitos de procedimiento en casos penales, que se aplican a procesos tanto estatales como federales. Por ejemplo, una persona acusada de un delito grave tiene derecho de juicio por jurado y representación de un abogado.
En el juicio, el acusado tiene derecho de interrogar a las personas que rindan testimonio en su contra. Además, ninguna persona puede ser forzada a prestar testimonio en contra de sí misma. Asimismo, la Constitución requiere que no se dicte ninguna orden excepto si se ha determinado que existen pruebas suficientes que apoyen una determinación de “causa probable”.
Así pues, no se puede dictar orden de arresto contra alguien excepto si hay pruebas suficientes que apoyen una determinación de que es más probable que improbable que se ha cometido un delito y que la persona en cuestión lo cometió.
arnoby@elhispanonews.com

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