“El que nada debe nada teme”

Por Arnoby Betancourt

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.

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ARNOBY BETANCOURT
Director de la
Escuela Comunitaria de Derechos Humanos de Texas

Dallas, Texas. El Departamento de Seguridad Nacional emitió el martes una serie de documentos que convierten en políticas las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump sobre inmigración y seguridad fronteriza, lo que supone un cambio importante respecto de la forma en que se hacen cumplir las leyes de inmigración. 

La nueva administración ha indicado ayer que no desmantelará inmediatamente el programa de Acción Diferida por Llegadas de la Niñez (DACA), la orden ejecutiva de inmigración del ex presidente Obama establecido en 2012. La administración del Presidente Trump, a través del Secretario de Prensa Sean Spicer, Dijo que no hay planes inmediatos para deshacer el DACA y que enfocarán los esfuerzos de deportación en “personas que pueden hacer daño, o que han hecho daño, y tienen antecedentes penales”. Además, se informa que un portavoz del USCIS confirmó: Todavía estamos aceptando / procesando solicitudes de DACA bajo la política existente.
Estos documentos revelaron el amplio alcance de las ambiciones del presidente: difundir los crímenes de los inmigrantes, encargar a los oficiales de policía locales del cumplimiento de las nuevas políticas, despojar a los inmigrantes de los derechos de privacidad, construir nuevas instalaciones de detención, desalentar a los solicitantes de asilo y, en última instancia, acelerar las deportaciones.
Además de la contratación de 15,000 nuevos agentes, son varios los aspectos que contemplan las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre inmigración, principalmente en el tema de deportaciones. Estos serían los cinco puntos clave:

I. ¿Quién está sujeto a la deportación?
Cualquier persona que vive sin documentos legales en los Estados Unidos es sujeto a deportación, esto basado en la indicación de que las autoridades “no eximirán de retirar a extranjeros que no cumplan con las leyes de inmigración”.

II. ¿Quién lidera la lista de esos posibles deportados?
1. Antes era claro que la prioridad eran quienes hubieran cometido algún delito, pero las nuevas directrices dejan a discreción de los agentes de “La Migra” la decisión de detener a alguien por considerar que “pueda ser riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”.
2. Personas que hayan recibido beneficios públicos.

III. Los niños enviados a EEUU sin documentos
Los padres y quienes ayuden a transportar niños a los Estados Unidos serán castigados y deportados (“coyotes” y/o familiares), eventualmente, acusados de “conspirar para violar las leyes migratorias”. El memorándum señala que serán las autoridades migratorias las que determinen “cuando proceda” este caso, bajo el argumento que “a pesar de los deseos de reunificación familiar, o condiciones en otros países, el contrabando o el tráfico de niños extranjeros es intolerable”.

IV. ¿Y los “Dreamers”?
Los beneficiarios de DACA no están incluidos en estas directrices, por ahora, aunque el gobierno del Presidente Trump no ha determinado si ese programa se mantendrá o será transformado.

V. El muro en la frontera
Se contempla en las directrices, aunque no hay mucho detalle, pues el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, indica que su área es responsable de diseñarlo y construirlo “en los lugares más adecuados con la utilización de los materiales y la tecnología apropiada”.

El plan del Presidente Trump para Inmigración

Esta decisión hace parte de las nuevas medidas para el control migratorio en EE. UU.
Las nuevas normas divulgadas este martes apuntan a ampliar el número de inmigrantes sin papeles que pueden ser expulsados del país y a facilitar su deportación. Unos 11 millones de indocumentados pueden ser afectados.
El gobierno de Donald Trump difundió este martes una serie de nuevas directrices con miras a ampliar el número de inmigrantes ilegales que puede deportar y acelerar su salida del país.
Se dará prioridad a la deportación de los inmigrantes indocumentados que tengan antecedentes criminales, así como aquellos que sean considerados como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos o que hayan abusado de su sistema de beneficios.
Se especifica un cambio en las políticas que precisa que no solo perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también a aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.

El Departamento de Seguridad Nacional, agrega: “Ya no eximirá a clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”, es decir, de una deportación. Esto supone un notable cambio respecto a las directrices marcadas durante el anterior gobierno de Barack Obama, que ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones con base en violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del vehículo.

Durante el mandato del Presidente Obama se daba prioridad a la expulsión de los inmigrantes indocumentados que hubieran sido condenados por cometer delitos graves. A partir de ahora, los agentes de inmigración y de aduanas tienen la orden de deportar a cualquiera que haya sido condenado por cualquier delito, incluyendo a gente condenada por cometer fraude en cualquier asunto oficial ante una oficina del gobierno y gente que ha abusado de cualquier programa de entrega de beneficios sociales.

Expulsiones expeditas

Las nuevas directrices implican una expansión de las expulsiones expeditas, que permiten a los agentes de inmigración y aduanas y a la guardia fronteriza deportar a los inmigrantes de forma más rápida y sin necesidad de presentarlos ante un juez de inmigración.
Usualmente estas medidas se aplican a personas que hayan cometido fraude al intentar ingresar en Estados Unidos o que no disponen de una visa o de un permiso de ingreso válido.
Sin embargo, hasta ahora sólo se sometía a las expulsiones expeditas a personas que hubieran entrado a Estados Unidos en los últimos 14 días y que se encuentren en un área de 160 kilómetros de distancia de la frontera. A partir de ahora, podrán afectar a quienes hayan ingresado en el país en los últimos dos años, independientemente de en cuál lugar de Estados Unidos se encuentren.
“Con excepciones extremadamente limitadas, no eximiremos a clases o categorías de extranjeros susceptibles de expulsión de la posible aplicación (de la norma)”, dijo el departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
“Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sometidos a procedimientos que pueden llevar hasta su expulsión de Estados Unidos”, agregó.

Contrataciones

Según escribió el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en la normativa: “El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias federales y sus recursos y ha creado una vulnerabilidad de seguridad nacional significativa para Estados Unidos”.
Para cumplir con estas tareas adicionales, el DHS contratara a 15.000 nuevos agentes migratorios. Entre las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, figura la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).
Las nuevas directrices están incluidas en dos memorandos que fueron divulgados este martes. En ellos se propone a las autoridades enjuiciar a los padres de ayudan a que sus hijos entren ilegalmente en Estados Unidos.
La normativa pone fin a la política de “capturar y liberar” que hasta ahora permitía dejar en libertad a quienes eran atrapados entrando ilegalmente al país a la espera de ser procesados por un juez de inmigración. A partir de ahora, quienes sean detenidos serán enviados a un centro de detención a la espera de la resolución de su caso.
Las directivas también le ordenan al ICE, así como al servicio de aduanas y la Patrulla Fronteriza, volver a implementar un programa que recluta a oficiales y alguaciles de la policía local para ayudar con las deportaciones, convirtiéndolos en agentes de inmigración de facto. Esa política, conocida como el programa 287g, fue reducida durante el gobierno de Obama.
El programa no cuenta con el apoyo de muchos estados y decenas de las ciudades santuario, que se han negado a permitir que sus agentes de la ley ayuden a detener a los individuos indocumentados.
El martes por la mañana, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional declararon que las nuevas directivas están destinadas a utilizar mejor las herramientas que el Congreso de Estados Unidos le otorgó a ese departamento para acabar con la inmigración ilegal. Los oficiales, hablando bajo la condición de anonimato, subrayaron que algunas de las propuestas serán implementadas lentamente mientras el departamento actualiza las reglas logísticas y legales para realizar acciones más agresivas.
En particular, los funcionarios dijeron que la deportación de refugiados centroamericanos a México para esperar las audiencias se realizará de forma limitada y solo después de conversar con el gobierno de México, que probablemente tendrá que aceptarlos como refugiados.

COMO AMPARARSE CONTRA UNA DEPORTACION ARBITRARIA

En general, proteger y amparar derechos fundamentales de las personas es un postulado universal de las sociedades democráticas, ya que además de estar preceptuados en las Constituciones Políticas, también lo están en Tratados, Convenciones, y Pactos de Orden Internacional, auspiciados por La Organización de Naciones Unidas (ONU), y por La Organización de Estados Americanos (OEA), y que han sido suscritos por EE.UU.
El propósito de esta nota periodística es brindar información de manera general, no es dar asesoría sobre un caso específico. Por ende, se recomienda consultar con un experto sobre cada situación particular, pero partiendo de tener alguna información útil para evitar acciones que vulneren sus derechos y sus garantías judiciales.
El amparo discrecional opera cuando un extranjero enfrenta la deportación, y sí es elegible, puede solicitar uno o más tipos de amparo discrecional.
Esta nota describe algunos tipos de amparo discrecional que se encuentran disponibles durante una audiencia. El extranjero tiene la obligación de probar que es elegible legalmente para recibir un amparo y, generalmente, que merece dicho amparo de manera discrecional.

Cancelación de la deportación

Esta forma de amparo discrecional se encuentra disponible para los residentes legales permanentes y para quienes no sean residentes permanentes pero cumplan con los requisitos. Para los residentes legales permanentes, la cancelación de la deportación puede otorgarse si el individuo cumple con los siguientes requerimientos:
• Ha sido residente permanente durante los últimos 5 años
• Ha residido continuamente en los Estados Unidos durante al menos 7 años después de haber sido legalmente admitido; y
• No ha cometido un delito grave o “aggravated felony”; un término que es mayormente definido entre las leyes migratorias, que en las no migratorias.
La cancelación de la deportación para el no-residente se puede otorgar si el extranjero:
• Ha estado presente en los Estados Unidos durante los últimos 10 años;
• Ha sido una persona de buen carácter moral durante dicho periodo;
• No ha cometido un delito que pudiera dar motivo a la deportación; y
• Demuestra que la deportación ocasionaría un sufrimiento extremo e inusual a sus familiares inmediatos [limitado al cónyuge del extranjero y a sus hijos(as)] que sean ciudadanos o residentes legales permanentes.

CONSEJOS PRACTICOS EN CASO DE DEPORTACION

Las personas deben actuar antes de la detención: hacer un plan para los niños, hablar con un abogado que le explique los derechos y a quien pueda recurrir en caso de emergencia, y tener una persona que pueda tomar control de las propiedades, entre otras medidas.
También deben portar números telefónicos de su consulado, de su abogado de inmigración o de Organizaciones de Derechos Civiles o de sus familiares.

arnoby@elhispanonews.com

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