México busca defender los $25,000 millones en remesas

Por Marcos Nelson Suárez

Hace unos días el gobierno mexicano entregó un informe judicial ante la Quinta Corte de Apelaciones en New Orleans en contra de la ley SB 4 de Texas.
La SB 4 específicamente exige que las autoridades policiales del Estado de Texas puedan interrogar a sospechosos respecto a su estatus legal en los Estados Unidos y en general obliga a las fuerzas policiales a cooperar con el Servicio de inmigración.
En la superficie, el informe de las autoridades mexicanas parece un esfuerzo por defender a sus connacionales pero no cabe duda de que en el fondo hay serios intereses financieros.
Para tener una idea baste decir que sólo en el 2015 México obtuvo 25 mil millones de dólares por concepto de remesas, mientras que los ingresos por parte de las exportaciones petroleras en ese mismo año fueron de 11,500 millones de dólares.
Como puede verse, es muy significativa la importancia de las remeses familiares para la economía de México.
Lamentablemente, ni en el caso de las remesas ni en los ingresos obtenidos por la exportación de petróleo que suman más de 35,000 millones de dólares al año, se ha visto una mejoría significativa por parte de los mexicanos.
Una revisión histórica de Pemex, ofrece un cuadro de corrupción rampante. Sobornos, amiguismo, nepotismo y otros males similares han producido que la principal industria de exportación en México sirva solamente para beneficiar a unos cuantos en detrimento de la enorme mayoría de los mexicanos quienes, a pesar de esto, viven orgullosos de que el petróleo les pertenece. En otras palabras, la defensa del nacionalismo sólo ha significado que a los mexicanos les han dado “atole con el dedo.”
Mientras tanto, otros países exportadores de petróleo, como la Arabia Saudita, dedican un por ciento importante de sus ingresos para beneficiar directamente a la población.
Los números hablan por sí mismos. Si bien es la obligación de las autoridades mexicanas el defender a sus connacionales en el extranjero, quizás las medidas que está tomando Estados Unidos, en particular respecto a la inmigración ilegal, debían servir a los gobernantes mexicanos, y por supuesto de otros países en situación similar, a buscar soluciones para que sus ciudadanos no tengan que depender de la migración para poder satisfacer las necesidades de sus familias.
Si todo el dinero que ha sido robado de las arcas nacionales por sobornos y corrupción fuera usado en crear empleos, aumentar las escuelas y la calidad de la educación, México no estaría en la precaria situación de tener que decirle a un país vecino, indirectamente, ”necesitamos el dinero que nos envían los mexicanos en el exterior para poder sobrevivir y mantener estabilidad social.”
Y eso es realmente lo que significa la oposición del gobierno mexicano respecto a las medidas que está tomando la administración de Estados Unidos para reducir el cruce de indocumentados.
Vergüenza debía darle al gobierno mexicano que Estados Unidos pretenda construir una cerca para impedir la entrada de indocumentados. Verguenza debía darle a México, y otros países del continente, que sus ciudadanos tengan que huir del país para buscar una vida mejor.