La SB 04 en camino a ser inconstitucional

Por Arnoby Betancourt

Las comunidades cristianas acudieron a la ciudad de Austin para presentar sus testimonios sobre lo que les afectaria la implementacion del proyecto de ley SB 04.

Share This With Friends:


Dallas, Texas. En la sociedad estadounidense, como en las democracias contemporáneas, todas las personas, incluidas las que detentan un cargo público o una dignidad pública, tenemos derechos, deberes y obligaciones, y por ende, tenemos el alto deber de ser socialmente responsables. Foto: Nicolas Trejo.

Pero existe una gran diferencia entre los derechos, deberes y obligaciones de un Servidor Público y los de una persona del común. Mientras que el Servidor público solo puede hacer lo que la Constitución, la Ley y el Reglamento le ordenan; el ciudadano del común puede actuar libremente, obviamente respetando la Constitución, la Ley y el Reglamento.
Solo dos temas de gobierno tomaré para ilustrar lo anteriormente expuesto.
La Orden Ejecutiva firmada por el Presidente Trump que busca coaccionar a las autoridades locales para que ejerzan funciones explícitamente asignadas solo a las autoridades de una Agencia Federal. Y para intimidar a esas autoridades, la Orden Ejecutiva Presidencial establece, entre otras medidas, un recorte de fondos federales a estas autoridades locales si continúan, y aquí esta lo abusivo, construyendo y manteniendo la confianza entre la policía local y las comunidades, que valientemente garantizan la seguridad pública.
El fundamento legal para la coacción a las autoridades locales de revocarle los fondos federales es si incumplen la Ley Federal U.S.C. 1373; pero esta Ley Federal solo dice que las fuerzas del orden locales deben comunicarse con las agencias federales.
Quiero resaltar que el término “Ciudades Santuario” no existe en la terminología legal, ya que lo que ha acontecido es llamar así ,de manera costumbrista, a ciertos establecimientos como las cortes, las iglesias y los centros educativos, entre otros, a donde las autoridades de inmigración les está prohibido actuar sin el consentimiento expreso de sus autoridades. En honor a la verdad, lo que autoridades locales están velando y protegiendo es la seguridad publica ciudadana y comunitaria.
Marisa Bono, una especialista que representa en Texas del Fondo Mexicano-Americano de Educación y Defensa Legal (Maldec, por sus siglas en inglés), la organización de defensa para latinos más importante de Estados Unidos señaló que la orden ejecutiva firmada por Trump para atacar a las ciudades santuario, es en realidad inservible, pues no hay ninguna ciudad de la Unión Americana que prohíba la comunicación con las agencias federales.
Muy distinto es que las autoridades locales asuman las funciones y las responsabilidades de los agentes federales, lo cual constituiría una inconstitucionalidad, y por ende, una aberrante ilegalidad. La prestigiosa Organización Nacional “ACLU” reiteradamente a ensenado: “Los oficiales locales no tienen por qué ejecutar leyes de inmigración, eso es federal”.
Entonces, si está claro que los servicios de inmigración son responsables de ejecutar estas leyes, como lo ha dicho el Tribunal Supremo de EE.UU., no pueden obligar a las fuerzas del orden y a las policías a hacerlo.
“Lo que queda claro es que estas medidas antimigratorias de la Casa Blanca desbordando los límites de la ley se han prestado para demagogias, y por eso en Estados como Texas impulsan a los congresistas a crear legislaciones en el mismo sentido, aunque después tengamos que demandarlas por inconstitucionales”, afirmo Marisa Bono. Y continuó: “Si esta administración toma acciones inconstitucionales o empieza a atacar de manera ilegal comunidades de migrantes o de latinos, vamos a tomar los pasos necesarios para detenerlos, incluyendo la acción legal”.
Por su parte, Giacomo Behar, abogado migratorio de la firma Behar International Counsel, en California, advirtió que la política de Trump de involucrar a las policías locales en tareas migratorias podría ser contraproducente a la seguridad pública.
“Nadie lo está pensando ahora”, señaló el abogado, “pero durante la presidencia de George W. Bush esta política era una desventaja para las agencias de la ley porque los indocumentados tenían miedo a informar sobre crímenes y a cooperar con las fuerzas del orden”. De acuerdo a Behar, es una política que elimina la confianza en las policías de estas comunidades. “Esto no favorece a la seguridad de la población”.
El otro tema que puede constituir un absurdo constitucional, ya que de manera expresa la Octava Enmienda Constitucional lo prohíbe al señalar que no habrá penas crueles ni tratos inhumanos, es la separación de los hijos de sus madres.
“Mujeres y niños que crucen juntos ilegalmente hacia Estados Unidos podrían ser separados por las autoridades estadounidenses bajo una propuesta que está siendo considerada por el Departamento de Seguridad Nacional, según tres funcionarios. Parte de la razón de la propuesta es disuadir a las madres de emigrar a Estados Unidos con sus hijos, explicaron a Reuters los funcionarios consultados, quienes dijeron haber sido informados sobre el plan del Gobierno del presidente Donald Trump de adoptar esta medida.
Ya son varios lo reveces jurídicos sufridos por las acciones administrativas del nuevo gobierno quedando claro que el derecho es el intermedio de las fuerzas, y es para cada uno, la facultad de exigir de los otros el respeto de la dignidad humana en su persona.
arnoby@elhispanonews.com

Share This With Friends:


Be the first to comment

Leave a Reply


UA-42581983-5
Loading...