Esto es increíble: Texas destruyendo su futuro y el de EE.UU.

Por Arnoby Betancourt

Ken Paxton, fiscal del estado, arremetió contra los dreamers

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Dallas, Texas. Como una justicia “macondiana” podría calificarse la absurda, despiadada e inverosímil petición presentada al Presidente Donald Trump por el Procurador de Justicia del Estado de Texas, Ken Paxton y nueve perseguidores más de igual rango. DACA, “Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals”, es un Programa Humanitario contemplado en la legislación de los Estados Unidos y como fácilmente se puede leer en la página web de U.S. Citizenship and Immigration Services.

En una carta hecha pública, los diez fiscales generales y un gobernador –todos republicanos– amenazan con demandar en las cortes el programa migratorio que Barack Obama promulgó en 2012, si el gobierno no cancela DACA antes del 5 de septiembre de 2017.
“Respetuosamente pedimos que el secretario de Seguridad Nacional elimine gradualmente el programa DACA”, dicen los fiscales el documento. “Específicamente pedimos que el secretario de Seguridad Nacional anule el memorando del 15 de junio de 2012 de DACA y ordene que la rama ejecutiva no renueve ni emita nuevos permisos de DACA o de la expansión de DACA en el futuro”.
A pesar de que la Ley de Inmigración establece un castigo para quienes lleven un determinado tiempo sin permiso de estadía legal, no es menos cierto, que existen exenciones y circunstancias que pueden amparar a un inmigrante si se cumplen ciertas condiciones. Es tan cierto lo anterior, que por eso en la página de USCIS, cualquier persona que se sienta amparada por esas circunstancias, puede presentar una Solicitud de Exención por Presencia Ilegal o una Solicitud de Exención de Causal de Inadmisibilidad, por poner como un ejemplo.
Ahora bien, la Ley de Inmigración también contempla acciones legales de cómo defenderse frente a una deportación; y si el inmigrante, como la gran mayoría de los “dreamers”, no tiene una orden de deportación el caso tiene que ser definido frente a un Tribunal de Inmigración y es factible ganar el caso si se cuenta con un alivio legal o “salvavidas” para que el inmigrante no sea deportado y se pueda quedar en el país. Hay varias maneras de salir airoso de un caso de deportación, pues si algún inmigrante tiene alivios legales, son precisamente los “dreamers”.
La Ley de Inmigración, y en varias directrices de USCIS, se ampara a un inmigrante dependiendo del tiempo que tenga viviendo el inmigrante en los EE.UU., de sus relaciones familiares, de su carácter moral, de la manera de haber ingresado al país, de su estatus legal y de su expediente criminal.
Por ejemplo, los extranjeros sin permiso de estadía legal que han vivido continuamente en los Estados Unidos por un tiempo de 10 años, pueden ampararse en la Ley de Cancelación de Deportación siempre y cuando cumplan los requisitos del Acta de Inmigración y Nacionalidad “Inmigración and Nationality Act, INA”.
Algunas otras personas también pueden buscar alivio mediante una petición familiar o ajuste de estatus o a través de un asilo por persecución en su país de origen. También existen casos humanitarios de situaciones muy extremas en los cuales el inmigrante puede pedir al Tribunal de Inmigración que difiera la orden de deportación, aunque hay que probar fehacientemente con evidencias contundentes que se trata de casos de sufrimiento extremo.
Otro ejemplo de evitar una deportación son las salidas voluntarias por las cuales un inmigrante en proceso de deportación le es permitido partir voluntariamente siempre y cuando el acceda a su remoción. La ventaja de las salidas voluntarias, es que una vez fuera de EE.UU., la persona no tiene la prohibición de volver a entrar a los EE.UU. durante 10 años como lo causa una deportación.
Es importante señalar, que si la persona no sale voluntariamente durante el tiempo otorgado, las consecuencias pueden ser fatales, resultando en una multa y en un término de prohibición de acceso a las varias formas de alivio o “salvavidas” frente a una deportación.
Por las anotaciones brevemente señaladas, es que la petición formulada por los diez fiscales estatales no deja de ser un exabrupto jurídico de una crueldad inimaginable. Los fiscales estatales son abogados que aprendieron que la Constitución es la Suprema Ley en el territorio de los Estados Unidos, y que las Enmiendas hacen parte de esa Suprema Ley, y por ende, lo mínimo que tienen que respetarle a los “dreamers” es el derecho a un debido procedimiento, y no a un procedimiento mezquino, arbitrario y politiquero, que está prohibido por la Octava Enmienda por ser inhumano y cruel.
Los “Dreamers” son el mayor patrimonio bilingüe, socio-cultural, científico, académico, deportivo, etc. que tiene el Estado de Texas, y por ende, los Estados Unidos de América, sin ignorar que también son la mayor reserva moral para cimentar y reverdecer los altos valores que han imperado en Texas.
arnoby@elhispanonews.com

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