Primera audiencia pública a la ley antinmigrante SB4 de Texas

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Dallas, Texas. Un Tribunal Federal de San Antonio (Texas) escuchó este lunes por primera vez los argumentos a favor y en contra de la Ley del Estado de Texas “SB4”, abiertamente apoyada por el Gobierno de Donald Trump pero, que según manifestantes congregados a unos pasos del tribunal, viola la Constitución de los Estados Unidos y fomenta la deportación masiva al estigmatizar a un grupo social determinado y por romper los principios básicos de convivencia y seguridad ciudadana.

Bajo fuertes medidas de seguridad, la audiencia preliminar ante el Juez Federal Orlando García se prolongó durante todo el día y sin transmisión por televisión, pero grupos implicados en la demanda contra la “SB4”, como MALDEF y la Unión de Libertades de EEUU (ACLU), enviaron copiosos apuntes por Twitter, con la etiqueta “#NoSB4” y casi minuto a minuto, informaron sobre lo que acontecía adentro del tribunal.
Para atender las acciones legales contra la SB4 que han presentado en su corte distintas ciudades y condados de Texas, el juez de distrito Orlando García consolidó esta semana todas las demandas contra esa ley en un solo caso.
La SB4, es una medida estatal que amenaza con multas, cargos de delitos menores y hasta despidos a los funcionarios de alto rango de Texas que obliguen a sus funcionarios a no preguntar sobre el estatus migratorio de las personas y a no cooperar con las deportaciones.
La ley estatal, aprobada en unos momentos de alto fervor anti-inmigrante entre círculos conservadores denotando ancestrales odios raciales, prohíbe las más elementales garantías judiciales como el debido proceso e impone fuertes sanciones contra las localidades que se nieguen a cooperar con las autoridades federales en tareas de inmigración, incluyendo multas para jefes policiales y hasta la destitución de funcionarios elegidos o designados.
Lee Gelernt, subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de ACLU, y uno de los voceros en el litigio contra la “SB4”, argumentó que la ley sirve de “aliciente” para que las autoridades locales hagan tareas de Inmigración que corresponden al gobierno federal, y advirtió de que eso podría dar paso a un “Estado policial migratorio”.
Un abogado del Estado de Texas, William Deane, rechazó las críticas de que la ley alienta la discriminación racial, algo ya prohibido otras leyes estatales, en un estado donde los hispanos son la minoría más grande y en 2010 conformaron el 63,2% de la población de 1,43 millones en San Antonio. Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien cuenta con el respaldo del Departamento de Justicia en Washington, argumentó que la ley no obliga a la policía a cooperar con los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
“La SB4 no tiene fe en Texas. Esta es una ley que no confía en que los tejanos entienden y ejercen sus propias libertades”, dijo Terri Burke, Directora Ejecutiva de ACLU de Texas.
En unidad de causa, alcaldes, congresistas, Jefes de Policía, funcionarios públicos de diversos niveles, abogados, activistas, directivos de multiplex organizaciones y público en general, se hicieron presentes para expresar su total rechazo a esa ley tan difamante contra el Ser Humano, y muchos de ellos hicieron cola frente al tribunal desde tempranas horas para ser testigos de la audiencia; mientras, a unos cuantos pasos del tribunal, los demás, centenares de activistas de diversos grupos cívicos, muchos enfundados con camisetas rojas, entre ellos “Mi Familia Vota” y ACLU de Texas, así como líderes sindicalistas, gritaban consignas de “sí se puede” exigiendo la abolición de la “SB4”.
arnoby@elhispanonews.com

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