Pero… qué dicen esas enmiendas constitucionales

Por Arnoby Betancourt

En un reporte de 2015 sobre los menores que cruzan el País sin compañía, Human Rights Watch advirtió que los niños no recibían información sobre su derecho al asilo humanitario.

Share This With Friends:


La Quinta Enmienda garantiza, además, que una persona no puede ser obligada a rendir testimonio contra sí misma. La cláusula del debido proceso, la declaración de que ninguna persona podrá ser privada de la vida, la libertad o la propiedad “sin el debido procedimiento legal” es una de las disposiciones más importantes de la Constitución.

Las mismas palabras aparecen en la 14a Enmienda como restricciones al poder de los Estados. El enunciado refleja la idea de que la vida, la libertad y la propiedad de una persona no están sujetas a la discreción total de los funcionarios del gobierno. El origen de esta idea se puede rastrear hasta la Carta Magna, en la cual se dispuso que el Rey de Inglaterra no podía encarcelar o dañar a persona alguna, “salvo por un juicio legal a cargo de sus iguales o por la ley de la nación”.
La Corte Suprema de Estados Unidos de América ha aplicado las cláusulas del debido proceso (en la 14a Enmienda hay una que impone límites a los Estados de la Unión Americana) en las más diversas situaciones. Hasta mediados del siglo XX, el Tribunal Supremo aplicó las cláusulas del debido proceso para rechazar las leyes que impedían a la gente usar sus propiedades en la forma que desearan.
En la actualidad, los tribunales usan la regla del debido proceso para invalidar las leyes que interfieren con la libertad personal. La enmienda prohíbe también que el gobierno tome posesión de la propiedad de una persona sin pagarle el precio justo, aun cuando lo haga por motivos de utilidad pública.
Y también debe conocerse el contenido de la Cuarta Enmienda Constitucional. Esta medida no prohíbe que las autoridades legalmente constituidas realicen allanamientos, decomisen bienes o arresten personas. Lo único que requiere es que, salvo la situación de flagrancia, es decir cuando se capture a la persona en plena acción criminal, las autoridades deben exponer ante un juez la necesidad de una orden judicial de allanamiento y la obtengan de él. La Corte Suprema ha sostenido que la evidencia obtenida mediante la transgresión de la Cuarta Enmienda no puede ser admitida como prueba en un juicio penal.
arnoby@elhispanonews.com

Share This With Friends:


Be the first to comment

Leave a Reply

Loading...