Beneficios para Javier Vega Jr. no deberían ponerse en duda

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La semana pasada, un grupo de senadores se reunió con el comisionado nacional de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Gil Kerlikowske, para expresar su descontento por el retraso en la otorgación de beneficios federales para la familia del agente de la Patrulla Fronteriza, Javier Vega Jr., el cual fue asesinado en un intento de robo cuando se encontraba con su familia.

Según la CBP y el Departamento de Justicia (DOJ), falta decidir si su muerte ocurrida en agosto de 2014 en Santa Mónica, Texas, se debería de categorizar como un hecho relacionado a su trabajo. Pero de eso ya pasaron dos años. La decisión se ha retrasado.
El senador John Cornyn, de Texas, y los congresistas Filemón Vega, Michael McCaui y John Carter, urgieron a través de una carta al CBP que aceleraran el trámite.
“Después de las acciones valientes del agente Vega Jr. su oficina ha fallado en reconocer su muerte como una fatalidad relacionada con su trabajo”, dice la misiva. Según el Departamento de Justicia, la CBP ha cometido diversos errores con la información requerida sobre el caso.
Sin embargo, la CBP ha negado esto y culpa al DOJ por el retraso. Vega Jr. fue atacado por dos indocumentados en el Rio Grande Valley que lo trataron de robar. Al margen de si se encontraba o no vistiendo un uniforme de la CBP, su muerte debe  considerarse como un hecho relacionado con su trabajo.
Su labor como agente de la Patrulla Fronteriza lo exponen a un peligro real a lo largo de la frontera. No es relevante si Vega Jr. se encontraba dentro de su horario de trabajo, ya que la zona en la cual laboraba se encontraba en un lugar relacionado con sus responsabilidades.
Dos indocumentados de nombre Gustavo Tijerina e Ismael Hernández, se acercaron al lugar en que se encontraba Vega Jr. para robarlo. El agente sacó su arma y ellos lo balacearon en el pecho.
Ambos indocumentados, que ya habían sido deportados en varias ocasiones, se encuentran esperando su juicio bajo cargos de homicidio, por lo cual, podrían ser sentenciados a la pena de muerte.
La decisión del DOJ y la CBP debe tomar en cuenta todas estas atenuantes. Honrar a Vega Jr. debe de mandar un claro ejemplo al resto de los oficiales de la Patrulla, negarle ese derecho que recibiría su familia, haría más seguro y responsable su trabajo.
No han ningún motivo para continuar negándoselo.
Reynaldo@elhispanonews.com

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