FORT WORTH.- La ciudad de Fort Worth no se unirá a una demanda que desafía la nueva ley estatal de “ciudades santuario” conocida como la Ley SB4 del Senado. Como se anticipó, la votación fue de 5-4 en contra de unirse a la demanda, iniciada en junio por el condado de Maverick y la ciudad de El Cenizo. Desde entonces, Dallas, Austin, San Antonio y Houston se han unido al litigio.
La propuesta de Fort Worth fue dirigida por el concejal del Distrito 2, Carlos Flores, quien la presentó para incluir la medida en la agenda del consejo el martes por la noche.
Las consejeras Ann Zadeh, Gyna Bivens y Kelly Allen Gray también votaron a favor. El consejo había votado nuevamente 9-0 para suspender las reglas para poder votar en el punto del orden del día la misma noche que fue introducido.
La alcaldesa Betsy Price y los concejales Jungus Jordan, Cary Moon, Brian Byrd y Dennis Shingleton votaron contra la medida. “La Ley SB4 no es justa debemos desafiarla”, dijo Flores. “Sé valiente”, dijo al pedir a sus colegas que se unieran a la demanda. Zadeh llamó a la Ley SB4 el “mayor ataque contra el control local en el estado de Texas”, según informó el periódico Star-Telegram de Fort Worth. Después de la votación, los partidarios de la demanda comenzaron a protestar y acusaron a los concejales de racistas.
Durante horas, cerca de 80 residentes de Fort Worth y activistas le pidieron a la ciudad de Fort Worth que se uniera a las acciones legales que buscan frenar la implementación de la Ley SB4.
Fort Worth es la ciudad más grande del estado que no ha rechazado la ley anti santuario en los tribunales. Houston, Dallas, San Antonio y Austin se han sumado al reto legal introducido en una corte de San Antonio con el que se busca frenar la medida, que entraría en vigor el 1 de septiembre.
Durante el periodo de comentarios, varios relataron experiencias en las que se sintieron blanco de las autoridades por su color de piel. Otros destacaron los aportes económicos de los inmigrantes a la ciudad. Alertaron que la Ley SB4 limitará la autoridad de las ciudades. La mayoría enfatizó que existe miedo en la comunidad y que la ley llevará a la categorización racial. Antes, el jefe de la policía Joel Fitzgerald dijo que la ley será difícil de implementar, pero le pidió a la comunidad que confíe en que protegerán a todos, sean o no ciudadanos. La legislación veta políticas formales o informales que impidan a los policías y agentes preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante una detención, incluso una parada de tránsito. También impone multas y amenaza con destituir a funcionarios que no cooperen plenamente con las autoridades migratorias.
Reynaldo@elhispanonews.com
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