Ante las políticas migratorias del nuevo Gobierno de EE.UU., México abre centros de defensoría en cada uno de sus 50 consulados en el territorio estadounidense.
“El principal objetivo de los centros de defensoría es atender las necesidades de información y representación legal de los mexicanos y las mexicanas que viven en Estados Unidos”, dijo el cónsul general de México en Dallas (estado de Texas), Francisco de la Torre Galindo, durante la inauguración de los centros que se realizó el viernes de manera simultánea.
Los centros ofrecerán sus servicios consulares a las comunidades alejadas de la ciudad sede mediante iniciativas como Consulados sobre Ruedas y Consulados Móviles.
La medida fue ordenada por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para transformar las oficinas consulares en “defensorías de los derechos de los migrantes”.
Un grupo de expertos de derechos y organizaciones de defensa legal acompañan al personal consular mexicano para atender los problemas y las necesidades de los migrantes.
“Nosotros los atenderemos aquí y si no podemos resolver su situación, turnaremos su caso a abogados colaboradores”, explicó De la Torre Galindo.
Los centros de defensoría cuentan con diferentes programas, a saber: celebrar talleres de diagnóstico migratorio para que los mexicanos conozcan las oportunidades y amenazas en materia migratoria; proporcionar información sobre los servicios del Gobierno para connacionales deportadas; reforzar las campañas de los consulados para promover la doble nacionalidad; y apoyar a los mexicanos residentes en EE.UU. que por razones económicas no han podido solicitar su naturalización, entre otras tareas previstas.
Las relaciones entre EE.UU. y México ya se vieron dañadas gravemente tras la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de iniciar la construcción del muro fronterizo. En protesta contra dicha medida, el presidente mexicano canceló el encuentro que había sido programado para el 31 de enero con su homólogo estadounidense.
Además, Peña Nieto cuenta hoy en día con el apoyo de la ciudadanía y de la clase política para defender su posición frente a Estados Unidos ante una “complicada” negociación en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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