El gobernador de Texas, Greg Abbot, firmó una ley contra las “ciudades santuario”. La ley permite a los agentes preguntar sobre la condición migratoria de los detenidos y amenaza con cárcel a los jefes policiales que no cooperen con las autoridades federales.
El mandatario estatal republicano, que cumple su primer periodo en el cargo, adoptó el protocolo inusual de firmar la iniciativa y difundir el acto en su página de Facebook sin aviso previo al público.
El gobernador dijo que los habitantes de Texas confían en que los legisladores “velen por nuestra seguridad” y señaló que leyes similares fueron impugnadas antes en tribunales federales.
Los detractores de la medida dejaron entrever que la objetarán judicialmente de inmediato.
“Texas ha prohibido ahora las ciudades santuario en el Estado de la Estrella Solitaria” señaló Abbott.
Esta semana, la iniciativa superó un último obstáculo en la legislatura controlada por los republicanos debido a las objeciones de los demócratas y los defensores de los derechos de los inmigrantes que han atestado el Capitolio en Texas.
Los demócratas y activistas dijeron que la iniciativa “muéstreme sus papeles” será utilizada para discriminar a los hispanos.
Todos los principales jefes policiales en Texas se opusieron al proyecto de ley.
Los republicanos dijeron que es necesario para garantizar que las prisiones locales atiendan las solicitudes de las autoridades federales de que mantengan tras las rejas a infractores peligrosos.
El término “ciudades santuario” no tiene definición legal, pero los republicanos quieren que la Policía local coopere con los agentes federales de inmigración en el combate a delincuentes que vivan en Estados Unidos sin autorización legal.
Los republicanos tienen una sólida mayoría en la legislatura y superaron las objeciones demócratas para impulsar la iniciativa, aun cuando las medidas del presidente Donald Trump para retener los recursos federales a las ciudades santuario han enfrentado obstáculos en las cortes federales.
De acuerdo con la iniciativa en Texas, la Policía podrá preguntar la condición migratoria a alguna persona detenida, sea por un delito o una infracción de tránsito.
La medida también prevé que la policía local acepte las solicitudes federales de retener a presuntos delincuentes para su posible deportación.
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