Dallas. - Luego que en diciembre de 2010 el Congreso Federal hundiera el Dream Act, un proyecto de ley que buscaba legalizar a jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando tenían menos de 16 años, las esperanzas de librarse de la deportación y tener un permiso de trabajo renacieron para ellos el pasado 15 de junio, tras la orden ejecutiva denominada Acción Diferida, firmada por el presidente Barack Obama.

Gracias a esta disposición más de un millón de estudiantes de Estados Unidos, entre ellos 200.000 del Norte de Texas, podrían beneficiarse del programa, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que serán dados a conocer este 15 de agosto.

“Ir a la universidad sin temor de ser deportado y hasta poder salir del país en este momento, cuando ha arreciado la persecución hacia los indocumentados, es un alivio que vale la pena aprovechar”, dijo a El Hispano News, Christopher Enríquez, representante en Dallas de la Organización Nacional United We Dream, que impulsó desde Washington la Acción Diferida.

La medida que ha conmocionado a los jóvenes estudiantes y alertado a los padres de familia, sin embargo, está siendo aprovechada por diversas entidades y personas que, a medida que se acerca la hora de conocer las regulaciones, están abusando de los posibles beneficiarios, señala el activista.

Ese es el caso de Hilario Jiménez, un estudiante de Ingeniería de Sistemas, quien denunció a El Hispano News lo que el considera un fraude. “Yo fui a donde un abogado que me pidió dos mil dólares por tomar mi caso y ofrecerme un trámite que aún no existe”, dijo.

Para hacer frente a estos engaños o estafas, el activista Enríquez advierte que es mejor no apresurarse y buscar los puntos claves de la información. “Lo mejor es acudir a los sitios en donde le pueden brindar orientación efectiva y veraz, tales como el Consulado de México, la Oficina de Inmigración o la página unitedwedream.org”, agrega.

Casos excepcionales

Un caso distinto es el de Raimundo Galarza, de 18 años y originario de San Salvador, quien encarna el drama y la incertidumbre de los jóvenes con antecedentes penales que le impedirían acceder a este beneficio.

Galarza, que llegó a los dos años de nacido, se crio en una zona de pandilleros y maleantes ubicada al sur de Oak Cliff. “Me acostumbre a la violencia y a las drogas, por eso estuve varias veces en centros correccionales; sin embargo hoy soy un joven estudioso y con deseos de regularizar mi situación; pero no sé si los errores del pasado me priven de esta posibilidad”, señala Galarza, quien estudia diseño gráfico y no tiene documentos para vivir legalmente en el país.

Sobre el tema, analistas y expertos en inmigración consultados por El Hispano News, coinciden en que todavía hay muchos interrogantes sobre cómo las autoridades migratorias contemplarán los casos de jóvenes como Raymundo, que tienen antecedentes policiales como juveniles.

“No sabemos. Sólo hasta este 15 de agosto tendremos todas las respuestas”, dijo el abogado de inmigración Vincent Chuks Ndukwe . “Desafortunadamente, las reglas parecerían descartar a cualquier persona que haya sido convicta de un crimen”.